El exalcalde incumplió los acuerdos con los regidores del 26 de mayo de 2005 y diciembre de 2007, donde se pactó pagar las deudas del Rastro Municipal con el SOAPAP. Ahora, la deuda es millonaria
Alejandro Camacho Fierro
Foto Rodolfo Pérez
De nueva cuenta, la administración de Blanca Alcalá Ruiz se vio afectada por los vicios ocultos que realizó el expresidente municipal, Enrique Doger Guerrero.
De entrada, la administración blanquista tendrá que desembolsar 8 millones 397 mil pesos por diferentes pasivos que dejaron pendientes Enrique Doger y Luis Paredes Moctezuma, a pesar que en sesión de Cabildo del 26 de mayo de 2005 el primero se comprometió a liquidar diversas deudas.
De esta forma, con 17 votos a favor y cinco en contra, los regidores del Cabildo de Puebla aprobaron la transferencia de recursos, vía subsidio, de 8 millones 397 mil 267 pesos a favor del organismo descentralizado Industrial de Abastos Puebla (el rastro) para sanear sus finanzas.
Sobre la transferencia de recursos a Industrial de Abastos Puebla, los regidores panistas exigieron una investigación que también indague la razón —además del responsable— por la que en tres años ese organismo no pagó al SOAPAP por el suministro de agua y aguas residuales, que ahora representan un adeudo de 3 millones de pesos, petición a la que se sumó el regidor perredista Jaime Cid.
Isabel Ortiz Mantilla leyó parte de la sesión de Cabildo del 26 de mayo de 2005, en el que se informa sobre la problemática que había en el Rastro Municipal por las deudas que se venían arrastrando.
En este tenor, la regidora del PAN dio cuenta del adeudo a Infonavit por 1.6 millones de pesos; al IMSS por un millón 13 mil pesos; al SAT por 271 mil pesos; a la Comisión Nacional del Agua por 200 mil pesos; y un acumulado al SOAPAP por 3.2 millones de pesos, aunque hay que aclarar que existen deudas de administraciones anteriores.
La presidenta de la Comisión de Ecología del Congreso destacó que todas estas deudas habían prometido liquidarse por parte de Enrique Doger Guerrero, para lo cual pidió autorización al Cabildo sin que se llevara a cabo dicha liquidación.
Para este mes y año el ayuntamiento debía pagar al SOAPAP solamente un millón 282 mil pesos, pero por dejar pasar el adeudo de la administración dogerista la deuda ascendió a 3.2 millones de pesos.
Para aclarar lo anterior, Ortiz Mantilla leyó parte de la instrucción de Cabildo, por medio de la cual se había comprometido a destinar recursos para liquidar esta deuda.
El documento señala: “se autoriza al presidente municipal, doctor Enrique Doger Guerrero, para que a su vez instruya al tesorero municipal, Jorge Alfonso Ruiz Romero, en la parte técnica, y a la Sindicatura municipal en la parte jurídica, a efecto de que en lo conducente celebren contrato de mutuo simple con Industrial de Abasto por un monto de 3 millones 90 mil pesos y apliquen los instrumentos necesarios para sanear las finanzas de Industrial de Abasto”.
Para ello, marca la sesión de Cabildo de mayo de 2005, “se instruye que, una vez realizados estos trámites, el tesorero municipal, Jorge Alfonso Ruiz Romero, informe sobre los resultados de dicha gestión”.
Y remata en su apartado tercero: “que de manera conjunta se definan, entre el titular de Industrial de Abasto y el tesorero municipal, los términos para que por ningún motivo la deuda antes establecida sea liquidada más allá del 31 de diciembre de 2007, y que de ello se informe oportunamente a la Comisión de Hacienda del Cabildo de Puebla”.
Tras leer la sesión de Cabildo del mes de mayo de 2005, Ortiz Mantilla dejó en claro que en ningún momento se procedió a la aplicación de estos recursos en el Cabildo dogerista, situación por la cual era inviable que la presente administración hiciera frente al problema.
Otra irregularidad que Ortiz Mantilla puso “en la mesa” fue que, en sesión de Cabildo de diciembre de 2007, se instruyó al expresidente municipal, Enrique Doger Guerrero, solicitar al SOAPAP, a nombre del ayuntamiento, la condonación del pago por conceptos de saneamiento, drenaje y excedentes, por 1.2 millones de pesos, que al parecer tampoco desembolsó.
La regidora del PAN fue tajante al pedir que se dé un informe sobre el paradero de los 3 millones de pesos que iba a erogar la administración dogerista para sanear las finanzas del Rastro Municipal.
De hecho, la postura de los regidores del PAN, a través de Miguel Ángel Dessavre, es que se realice una investigación a fondo para identificar a los responsables de este impacto en las arcas municipales para proceder en consecuencia.
Al exigir la investigación, Dessavre Álvarez pidió que se señale puntualmente al culpable de la indiferencia mostrada por la administración dogerista, al dejar pasar de largo los pagos que se debieron realizar durante los tres años de su gestión.
El regidor del PAN puntualizó que de haberse realizado los pagos correspondientes instruidos en la sesión de Cabildo de mayo de 2005 y de diciembre de 2007, la administración de Blanca Alcalá en ningún momento tendría por qué hacer frente a este problema heredado por omisiones dogeristas.
Al final, y luego de una larga discusión, se impuso la mayoría priista y se aprobó esa transferencia.
Tras estas posturas sobre el particular, la presidenta municipal Blanca Alcalá pidió se informe cada tres meses del avance del saneamiento para garantizar transparencia en el gasto y claridad en las acciones.
Sanean herencia dogerista
Además, con 22 votos, se aprobaron los 36 nombramientos de base a empleados del ayuntamiento de Puebla a partir de esta fecha, con sus respectivas categorías para el cobro en nómina, pero reconociendo los derechos laborales que generaron, como el de antigüedad.
Por lo anterior, el ayuntamiento tendrá que erogar entre 4 mil y 12 mil pesos al mes por cada uno de los trabajadores, dependiendo del rango de su base.
Estas 36 bases fueron entregadas irregularmente por Enrique Doger Guerrero, toda vez que de último momento se otorgaron pero sin el consentimiento del Cabildo, lo cual se realizó “a oscuras” para dejar dogeristas “amarrados” en la actual administración municipal.
Al respecto, los regidores del PAN establecieron que estas bases fueron entregadas de manera irregular por no contar con la certeza jurídica para ser reconocidas por el ayuntamiento de Puebla.
Sobre los nombramientos de base, los regidores priistas y panistas coincidieron que lo importante para estos trabajadores era otorgarles certeza jurídica, por lo que se aprobó les dieran su base y sus “conquistas” laborales.
El punto medular lo puso René Sánchez Juárez, regidor del PRI, quien en su intervención reconoció la ilegalidad de Enrique Doger al ratificar que las 36 bases fueron entregadas irregularmente.
“Como se recordará, derivado del proceso de entrega-recepción entre la administración saliente y la actual, se detectó que estas plazas fueron entregadas de manera irregular y, por ese antecedente, la administración de Blanca Alcalá tuvo la obligación de rectificar los actos jurídicos que no cumplieron con la normatividad establecida”, es decir, una más de los dogeristas.
Por ello, Sánchez Juárez indicó que lo fundamental del caso era dar certeza jurídica para responder a las necesidades de los empleados basificados con el fin de respetar todos sus derechos.
Dejó en claro que la actual administración siempre habrá de respetar las normas laborales, en las que se incluyen una buena relación con los empelados y la protección de los mismos.
Cabe destacar que estuvo presente el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco, quien celebró la decisión y confió que en el próximo pago se retribuyan los descuentos que sufrieron sus representados por carecer de la ratificación del Cabildo como empleados de base.
Ya no más sorpresas, clama Blanca Alcalá
Tras darse a conocer dos nuevas irregularidades que le fueron heredadas a la actual administración en materia de deudas y bases irregulares, la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, dejó en claro que ahora le compete a su administración regularizar esta situación.
Indicó que una de las medidas que ha decidido tomar es fomentar propuestas para aminorar este tipo de irregularidades, las cuales han impactado a su administración y que tendrán que irse solventando paulatinamente.
La alcaldesa aseguró que una de sus prioridades es sanear de manera real las finanzas del ayuntamiento para no distraer recursos en situaciones de otras administraciones.
Recalcó que con esta determinación se va en el rumbo correcto para terminar el año con mejores condiciones financieras y atender con ello las acciones programadas en la ciudad.
“¿Ya no más sorpresas, presidenta?”, se le cuestionó.
Tras lanzar una sonrisa, dijo: “pues tenemos que seguir trabajando”.
Kío sale en defensa de su mentor
Cuando la sesión de Cabildo estaba en su punto crítico por la discusión de las deudas que dejó de pagar Enrique Doger Guerrero, no faltó el distraído que saliera en defensa del expresidente municipal.
En este caso se trató de Enrique Chávez Estudillo, secretario de Administración de Enrique Doger, que intentó —acto fallido— distraer la discusión de los regidores del PAN en cuanto a las omisiones sobre las deudas de la administración pasada.
En su intento trató de culpar a Luis Paredes Moctezuma y a otras administraciones municipales de lo acumulado en las deudas del Rastro Municipal. Su intervención pasó desapercibida y sin que nadie la notara.
Otra que hizo su “pancho” fue la regidora Lilia Vázquez, quien en una forma de presión hacia sus compañeros regidores exigió la entrega inmediata del dinero que se tendrá que pagar al SOAPAP por la deuda acumulada, debido al servicio en el Rastro Municipal.
La flamante regidora, que a nadie cae en gracia, exigió la entrega del dinero bajo el argumento que para poder negociar con la instancia estatal tenía que llegar con el dinero en la mano.
De inmediato sus compañeros hicieron gestos y algunos saltaron en carcajadas al escuchar tal aberración.
No faltó quien la corrigiera: “al parecer la regidora no sabe qué es negociar con una institución; fue tan aberrante lo que dijo que a todos nos agarró de sorpresa. Al parecer ignora que primero se busca un acercamiento con el SOAPAP, se dan opciones y se llega a un arreglo, pero esto no lo tiene que hacer un regidor, sino el tesorero municipal. Ella no tiene ninguna facultad o a lo mejor quería para su refresco”, exclamaron la mayoría de los regidores presentes.
Dentro del Cabildo se vio muy presentable y radiante a Brenda Toriz, sobrina del legendario director de Tránsito municipal, Arturo Toriz Morales, quien fue uno de los funcionarios con más irregularidades en su gestión y principal protegido de Enrique Doger Guerrero y del novio de su sobrina, el excontralor municipal Eugenio Mora Salgado.
Estuvo presente en la sesión de Cabildo, en la que se regularizaron las 36 bases irregulares entregadas por el expresidente municipal. Era evidente que asistió al Cabildo a escuchar la ratificación del “hueso” que le dejó Enrique Doger, Eugenio Mora y su tío Arturo Toriz, quienes no la dejaron en el desamparo después que por diversas irregularidades, riñas, prostitución ilegal, exceso de ruido, entre otras anomalías, se quedara sin su bar L’Estanzzia, en la colonia Maravillas.
