Ciudadanos víctimas de este servicio concebido en la gestión de Enrique Doger
Alejandro Camacho Fierro
Foto Víctor Hugo Rojas
Siguen apareciendo más “negocorralones” que dejó amarrada a la administración de Enrique Doger para operar clandestinamente en el municipio y que sirven para que empresas particulares asalten a ciudadanos y para que sean secuestrados sus vehículos con toda impunidad.
Una ciudadana de nombre Rosa María Mendoza Hernández es una de las últimas víctimas de la indiferencia de las autoridades del municipio que incluso solapan a agentes viales que siguen cometiendo actos de corrupción con este servicio clandestino.
En esta ocasión los nuevos corralones, que suman seis en total, se encuentran ubicados el primero en Antiguo Camino a San Aparicio 12410 en la colonia Fuentes de San Aparicio, y el segundo en la 34 Poniente y 21 Norte colonia Las Cuartillas, el cual funciona además de corralón como un taller mecánico al servicio de la empresa de grúas Duama.
A pesar del anuncio de la comuna de que cerrarían estos “corralones” clandestinos, los mismos siguen trabajando e incluso sirve para que los dueños de las grúas Duama, quienes son los que controlan estos seis corralones, sirvan como cómplices de los agentes de tránsito para que desaparezcan los automóviles de los dueños que se niegan a darles una “mordida” por dejar su auto libre.
Como ejemplo, la denuncia de la señora Rosa María Mendoza Hernández, quien denunció que desde el mes de julio de 2007 —desde la administración dogerista— el comandante Mario Gavito del sector 4 de peritos, le retuvo el automóvil modelo Athos, color gris, por no darle 4 mil 500 pesos de “mordida”, luego de que un auto se impactara de reversa cuando su vehículo que estaba estacionado.
La denunciante explicó que en el mes de julio del año pasado, una camioneta Nissan Extrail se le impactó en la parte delantera de su auto, el cual se encontraba estacionado, y que a pesar de que se comprobara que el responsable del incidente fuera la camioneta, el comandante Mario Gavito le retuvo el auto por no aceptar el soborno.
El auto que fue trasladado al corralón del Antiguo Camino a San Aparicio 12410 en la colonia Fuentes de San Aparicio y no al oficial de Rancho Colorado, y donde sin darle aviso a la dueña, fue trasladado al taller mecánico de la 34 Poniente y 21 Norte en la colonia Las Cuartillas y donde supuestamente hay un corralón oficial apenas hace un mes.
Incluso aseguró que el mismo dueño de las grúas Duama la amenazó con que en breve desaparecerá su auto si no paga el total de mantenerlo un año en sus supuestos corralones y cuyo costo aseguró sobrepasan ya los 30 mil pesos.
Mendoza Hernández lamentó que las autoridades estén actuando en contubernio para proteger la actividad clandestina de los corralones y la a un servidor público corrupto que violó sus derechos al quitarle su vehículo sólo por no darle una mordida de 4 mil 500 pesos.
Ante esto, la afectada sentenció que no pagará ni un solo peso debido a que no tuvo la culpa, ni caerá en el chantaje del agente de tránsito Mario Gavito, que desde hace un año la despojó de su automóvil, lo que ella considera injusto.
Por ello, pidió la intervención de la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, para “poner cartas” en el asunto y resolver su problema con estricto apego a la ley, para que se sancione a los responsables de este acto ilegal.
Historia de corruptelas, se destapa la cloaca dogerista
El 24 de junio, se destapó una nueva “cloaca” de la administración del exedil Enrique Doger Guerrero, al descubrirse que también hizo sus negocios con “corralones” clandestinos.
Con la llegada de 20 denuncias de abusos y corrupción perpetrados desde hace un año, se puso al descubierto un nuevo escándalo.
Desde hace un año operan en el municipio cuatro “corralones” de manera ilegal, pues sólo se reconoce el de Rancho Colorado, pero en la práctica operan como tal lotes ubicados en Xonaca, La Resurrección, La Magdalena y uno más detrás del mercado Independencia.
Además de las irregularidades que se dan en lo que a su operación se refiere, el dinero que se recauda por la estancia de los autos en esos lugares no se reporta a la Tesorería municipal, pues en cualquier papel anotan la cuota a pagar y nadie se hace responsable del manejo y administración de esos “corralones”.
Hasta el momento ya suman al menos 25 denuncias de particulares por diversas irregularidades cometidas desde el año anterior, donde se descubrió que estos corralones cobran 35 pesos por día, cuando la cuota establecida es de 11.56 pesos.
Las empresas particulares beneficiadas con la protección que viene desde la administración anterior son: Doama, Victoria y Ocaña y La Unión.
Empresas se pasan por el arco del triunfo la ley
Lo grave es que estos corralones particulares operan con total ilegalidad de acuerdo con el código reglamentario. En su artículo 259 fracción XII, señala que “es atribución de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Vial sancionar a los conductores propietarios de vehículos y retirar de la circulación, inmovilizar o asegurar las unidades en su caso, cuando contravengan las disposiciones del capitulo 10 del mismo código”. Estableciendo así que quien resguarda los automóviles es el mismo ayuntamiento y no un particular.
También en el articulo 172 de la ley orgánica municipal, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de las funciones y servicios públicos a su cargo, excepto el de Seguridad Pública y Tránsito o Vialidad. Por lo que sería ilegal que hubiese algún tipo de contrato, convenio o concesión con algún particular.
En resumen, no hay especio legal para que los corralones resguarden autos asegurados por Vialidad municipal y que además cobren hasta el triple de los que establece la ley.
Confirman negocorralón dogerista
Entrevistado sobre el tema el pasado 25 de junio, el titular de Seguridad Pública y Tránsito capitalino, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, indicó que estos contratos con propietarios de corralones particulares fueron celebrados o “amarrados” en la anterior administración.
Agregó que la parte legal será responsabilidad de la Sindicatura y Tesorería de firmar nuevos acuerdos, nuevos convenios de manera tal que el ciudadano no se vea perjudicado de manera alguna, lo mejor sería tener nuestro propio espacio, que es lo que la presidenta Blanca Alcalá ha encargado.
La idea era estabilizar la tarifa de cobro en los cuatro corralones. Mientras que en el “corralón” central se cobran 11 pesos por día de uso de piso, los otros tres “corralones” tienen tarifas de 33 a 35 pesos, “es precisamente desde hace mucho, desde que entramos, que no tenemos nada que ver con el cobro de infracciones, multas, y sobre el ‘corralón’ todo lo maneja Tesorería”, aseveró el secretario de Seguridad Pública, Alberto Hidalgo Vigueras.
Instrucción del Cabildo ignorada
En sesión ordinaria de Cabildo del 26 de junio de este año, los regidores del PAN propusieron realizar una investigación a fondo sobre la actividad de estos espacios, que mediante actos de corrupción fueron utilizados de manera clandestina por particulares.
El regidor del PAN, Miguel Ángel Dessavre Álvarez, presentó ante todas las fracciones de regidores la propuesta para que la Contraloría municipal inicie la investigación sobre la actividad de estos corralones y el destino que tuvieron los recursos que obtuvieron particulares, producto de las cuotas de 35 pesos que pedían a los ciudadanos y que nunca entraron a las arcas municipales.
Asimismo, pidió que la investigación sirva para deslindar responsabilidades y que el secretario de Administración y el director de Bienes Patrimoniales de la Secretaría General participen para que conozcan y definan las reglas de operación así como las cuotas a cobrar.
Dessavre Álvarez hizo un llamado a los ciudadanos que sean víctimas de las anomalías se acerquen a la fracción del PAN para presentar la denuncia correspondiente.
En busca de un nuevo predio
Adicionalmente, en esta misma sesión de Cabildo se “puso en la mesa” la propuesta parta que el área de Bienes Patrimoniales inicie con la búsqueda de un predio en el municipio que de cabida a un nuevo “corralón” municipal.
Al respecto, los regidores aprobaron turnar a comisiones la propuesta con la intención de buscar un predio con suficiente capacidad, que sea administrado por el ayuntamiento para que los recursos se queden en el municipio y no se vayan a manos ajenas.
Asimismo, con la propuesta se busca terminar con el pago de la renta que otorga el ayuntamiento poblano para tener el predio de Rancho Colorado, situación que está “lacerando” las finanzas del municipio, además que esos recursos pueden ser ocupados para otras instancias.
