Podrían inhabilitar constructora del Dogerismo

Puntos de Vista
Inhabilitarán a la constructora favorita del dogerismo
Por: Pilar Pineda / Status

Es la cuarta ocasión que la administración capitalina otorga un plazo a Construobras de la Garza para concluir el puente Tlaltepango, luego de tres intentos fallidos que representaron multas superiores a los cien mil pesos.
Pero esta vez el plazo será fatal pues en dos semanas la gestión encabezada por Blanca Alcalá Ruiz hará efectivo el cobro de la fianza por vicios ocultos que ascienden a seis millones de pesos e iniciará la licitación para contratar una nueva empresa que concluya el 3 por ciento que falta de la obra ubicada en la autopista Puebla-Orizaba.
El retraso es inexplicable pues los trabajos fueron pagados por adelantado a la filial de Puentes de Chihuahua y representó una inversión de 65.2 millones de pesos con la intención de beneficiar de manera directa a 82 mil 800 habitantes de 11 colonias.
Las demarcaciones favorecidas serían Infonavit Villa Frontera, fraccionamiento Villa Frontera, Unidad Habitacional San Pedro, Jorge Murad, Roma, Revolución Mexicana, Villas del Marqués, Conjunto Emperatriz, Unidad Habitacional Villa de Guadalupe, Venustiano Carranza y Nueva San Salvador Aparicio
De acuerdo a los indicios que ofreció el Secretario de Obra Pública y Gestión Urbana del municipio, Sergio Vergara Berdejo, Construobras de la Garza se perfila para ser inhabilitada el resto del trienio toda vez que ha incumplido en tres ocasiones con los plazos pactados para concluir los pendientes que consisten en la semaforización y ornato de los aludes que sostienen al puente, que no representan una inversión superior a los 750 mil pesos, según los cálculos del funcionario municipal.
El pasado 14 de febrero, en el último día de la gestión de Enrique Doger, el Tlaltepango se inauguró cargando a cuestas una auditoría por parte de la Contraloría Municipal.
De acuerdo al oficio SAUOPE.DVT. 23619/2007 con fecha 21 de enero del 2008, firmado por Rafael Arroyo Jiménez, jefe del Departamento de Ingeniería Vial, dirigido al subcontralor de auditoría a obra pública de la Contraloría, Roberto Hugo Villegas Galicia, se solicita “nombrar al auditor gubernamental para que se efectúe la verificación de los trabajos ejecutados de la obra y contrato que se describe a continuación.
Proyecto integral consistente en la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la ampliación del puente de Tlaltepango que incluye la construcción de obras de desvío para el tráfico en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba.
Las observaciones se realizarán al contrato hidráulico por unidad de obra terminada, colado en seco y pasos a desnivel utilizados en cabezales; concreto hidráulico por unidad de obra terminada, simple colado en seco de puentes y pasos a desnivel, muros de respaldo, lotes sísmicos, aleros y muros; y concreto hidráulico por unidad de obra terminada, simple colado en fuentes, pasos a desnivel en losas y diafragmas, transporte y montaje de trabes de concreto hidráulico”.
Tales acciones se supone fueron ejecutadas en el periodo del 1 al 15 de diciembre del 2007.
Construobras de la Garza había requerido el pago de un millón 075 mil 236 pesos con la factura 2440.
La supervisión externa estuvo a cargo de Grupo de Ingenieros y Constructores Acomac SA de CV.
Sin embargo, 24 horas después la alcaldesa, Blanca Alcalá Ruiz, realizó su primer acto de gobierno que consistió en cerrar a la circulación vehicular el puente Tlaltepango.
Ordenó también una supervisión a los otros siete puentes, incluido el denominado distribuidor vial 475, para detectar irregularidades urbanas, o en su caso, fallas estructurales y corregirlas a tiempo.
Esa misma noche Sergio Vergara considero necesarias, por lo menos tres semanas de trabajo a marchas forzadas, para reabrir a la circulación el puente ya que la premura de los trabajos impidió concluir el proyecto original pues carecía de señalética, puntos de pavimentación, fraguados y algunos semáforos.
El tema tuvo resonancia en el poder legislativo ya que para el 21 de febrero, la presidenta de la Comisión Inspectora, Rocío García Olmedo, reveló que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFISE) abrió investigación contra el ex edil Enrique Doger Guerrero por las irregularidades documentadas sobre todo en el rubro de obra pública.
La legisladora reveló entonces que los siete integrantes de la Comisión Inspectora acordaron solicitar al auditor general “una precisión más profunda” sobre la administración capitalina que encabezó Enrique Doger Guerrero tras la publicación de diversas anomalías en sus denominadas magnas obras.
Consiente de la repercusión política que implicaría sancionar a su compañero de partido, la legisladora advirtió que la militancia priísta de Enrique Doger no lo protegería.
“En materia de fiscalización nada tienen que ver las filiaciones políticas, las autoridades salientes tendrán el mismo trato, y en caso de ser objeto de observaciones, tendrán que solventar todas y cada una”, sentenció.