Otra pifia de la administración del exedil Enrique Doger endeuda más a la Angelópolis. El Tribunal Unitario del Sexto Circuito falla a favor de DISA. El ayuntamiento tendrá que desembolsar 44 millones de pesos para liquidar el adeudo
Alejandro Camacho Fierro
Foto Archivo Intolerancia
Otros 44 millones de pesos tendrá que pagar la presienta municipal Blanca Alcalá Ruiz, producto del mal manejo legal que le dio Enrique Doger Guerrero al caso de la empresa Desarrollo Iberoamericano SA.
Esto después de que se diera a conocer que el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito resolvió sentencia a favor de la constructora que ejecutó el tramo B del distribuidor vial Juárez-Serdán y del cual se tenía que pagar una indemnización de 26 millones de pesos.
De hecho, el comunicado, que está en poder de Intolerancia Diario, culpa directamente al exedil Enrique Doger de haber llegado a esta instancia cuando se pudo resolver de otra forma y en condiciones favorables para el ayuntamiento.
Ante esta situación, la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz sentenció que se luchará para que el municipio de Puebla pueda resolver a su favor la sentencia sobre la demanda interpuesta por la empresa constructora Desarrollo Iberoamericano (DISA) ya que reconoció que por el momento no hay recursos suficientes para pagarlos.
Ante esto, la presidenta capitalina señaló que seguirán con los conductos legales y para esto ya los abogados municipales evalúan la situación legal en la que se encuentra el ayuntamiento por lo que confía en que habrá viabilidad para poder resolver a su favor.
Parte de la preocupación, explicó la presidenta municipal, es que se logre un buen resultado para que los poblanos no se vean perjudicados por una disminución de recursos en caso de cubrir esta deuda.
Sin embargo, Alcalá Ruiz aseguró que se seguirá insistiendo en defender los intereses de los ciudadanos porque es el principal interés de su administración, el redoblar esfuerzos para tener la mayor cantidad de recursos para no dejar de atender las necesidades del municipio.
Alcalá Ruiz prefirió no entrar en más detalles tras considerar que es temprano para adelantar un panorama, pues se tienen que esperar los tiempos legales y en consecuencia actuar conforme a Derecho de acuerdo a las estrategias que usen sus abogados.
La sentencia
Según el comunicado presentado por los representantes de DISA, el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito resolvió a favor de la empresa constructora Desarrollo Iberoamericano el recurso de apelación promovido por el ayuntamiento de Puebla que lo condena a liquidar más de 26 millones de pesos, más gastos financieros y costos, por las obras pendientes de pago de la segunda etapa del distribuidor vial Juárez Serdán.
El documento indica que la sentencia fue dictada el pasado jueves 26 de junio y notificada a DISA el día viernes dentro de la toca de apelación 246/2007.
Se precisa en las líneas que con intereses y costas la deuda que la administración municipal de Puebla tiene con la empresa DISA —por este largo litigio comenzado en agosto de 2005— supera ya los 44 millones de pesos.
El papel establece que, como se recordará, el 15 de mayo de 2008 el ayuntamiento de Puebla obtuvo un amparo sólo para efectos. Los agravios esgrimidos por la autoridad municipal fueron revisados, pero el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito volvió a ratificar su anterior fallo consistente en el pago de 26 millones 629 mil 472.34 pesos, además de los gastos financieros causados y pago de costas, a favor de Desarrollo Iberoamericano SA de CV.
Remata el documento que DISA expresa a través de este comunicado de prensa su respeto al Estado de Derecho, su decisión de que los conflictos se resuelvan por la vía legal e institucional y su disposición de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Puebla para que este juicio ya no siga alargándose en perjuicio del patrimonio municipal.
Culpa DISA a Enrique Doger
Dentro del mismo documento se señala que la causa que motivó este juicio fue la negativa de la administración municipal —encabezada por el doctor Enrique Doger Guerrero— de reconocer un adeudo por trabajos ejecutados y autorizados en el distribuidor vial Juárez Serdán durante la gestión de Luis Eduardo Paredes Moctezuma.
Las obras del distribuidor vial que en ninguna parte del juicio fueron impugnadas por la administración de Enrique Doger, y de las cuales no se ha comprobado una sola anomalía de las muchas que se inventaron en algunos medios de comunicación por cuestiones meramente políticas, se realizaron conforme a las instrucciones y el contrato firmado con la gestión paredista.
Los antecedentes del juicio
Primera instancia. Juicio 68/2005 y su acumulado 79/2006, ambos radicados en el Juzgado Noveno de Distrito (inició en agosto de 2005 y la sentencia se dictó en septiembre de 2007).
La empresa Desarrollo Iberoamericano, SA de CV demandó al ayuntamiento de Puebla el cumplimiento de reconocimiento de adeudo, así como el pago de gastos financieros y costos.
El ayuntamiento contestó la demanda y argumentó la falta de personalidad de representante legal de la actora principal.
Prosperó la excepción de falta de personalidad y en consecuencia únicamente prevaleció la acción reconvencional.
La empresa Desarrollo Iberoamericano SA de CV promovió nuevo juicio, esta vez radicado bajo el número de expediente 79/2006 del Juzgado Tercero de Distrito; y la litis quedó entablada una vez que el ayuntamiento contestó la demanda y los autos de este nuevo juicio se acumularon en el expediente 68/2005 del Juzgado Noveno de Distrito.
La triquiñuela dogerista
Una de las últimas deudas que dejó Enrique Doger Guerrero a la actual administración, producto de una estrategia para largar el proceso legal para no pagarse en el periodo 2005-2008, sino al momento de la entrada de Blanca Alcalá Ruiz.
Cuando recibió Doger Guerrero la herencia paredista con la constructora Desarrollo Iberoamericano, a la que se le adeudaban 26 millones de pesos por la construcción del tramo B del distribuidor vial Juárez-Serdán, fue rechazado por los tribunales a favor de la administración municipal.
Sin embargo, lejos de pagar la deuda se aplicó una estrategia jurídica para dejar a la administración de la presidenta electa, Blanca Alcalá Ruiz, dicha responsabilidad, dado que el ayuntamiento no contaba con recursos para realizar el pago, situación que fue lo primero que se encontró Alcalá Ruiz.
Con fecha 21 de noviembre de 2007, que está en manos de la Sindicatura municipal, establece que se modifica la sentencia del 31 de agosto de 2007, ante el juzgado noveno de distrito con número 68/2005-I y su acumulado 79/2006-I, en las que la demanda en contra del ayuntamiento de Puebla pague los gastos financieros reclamados por DISA conforme al contrato se liquide un monto por 28 millones de peso.
El magistrado de la segunda instancia del Tribunal Unitario, Carlos Loranca Muñoz, resolvió que se condena a la demandada principal —ayuntamiento de Puebla— por los gastos y costas en los razonamientos expuestos por la parte final de la resolución, la cual no presentó los argumentos suficientes para llevar a cabo su demanda.
Destacaba el comunicado que al hacerse pública la presente ejecutoria no deberán suprimirse los datos personales de las partes, toda vez que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de la resolución.
Apuntaba que en el juicio promovido por Desarrollo Iberoamericano a través de su apoderado legal y representante, Óscar Jaime Jiménez Alarcón, comprobó que el síndico municipal, Lauro Castillo Sánchez, nunca demostró sus acciones de nulidad, ni pagos ni gastos.
Por ello, el juzgado establece en su apartado octavo que se demanda al ayuntamiento de Puebla el pago inmediato de los daños y perjuicios reclamados por la constructora.
Las consecuencias de los errores del pasado
En su momento y a principio de la administración, el tesorero municipal, Javier Ramírez Carranza, auguraba un panorama “negro” para el ayuntamiento de Puebla, producto de un supuesto resultado a favor de la empresa y que ahora es una realidad.
Se anunciaba que en caso de obtener un resultado adverso, el ayuntamiento podría cancelar obras, sacrificar programas e incluso desincorporar predios para poder pagar los casi 44 millones de pesos a la empresa Desarrollo Iberoamericano.
El tesorero municipal, Javier Ramírez Carranza señalaba que esta opción se encontraba en estudio debido a que por el momento la comuna no cuenta con recursos suficientes para pagar una deuda en una sola exhibición, todo lo anterior, en caso de que el Tribunal Unitario fallara a favor de Desarrollo Iberoamericano SA.
Este panorama ponía contra la pared a la administración de Blanca Alcalá para hacer un esfuerzo extraordinario, como el eliminar proyectos programados, desincorporar predios o en su caso cancelar obras que ya se tienen contempladas.
Ramírez Carranza afirmaba que no serán 44 millones de pesos como lo señaló el síndico municipal, pues de acuerdo a la información que tiene, esta deuda por indemnización es menor a los 26 millones de pesos.
El tesorero municipal, enfatizaba que desde la llegada de la nueva administración, los recursos han sido austeros, los cuales únicamente les ha servido para poder continuar con las obras de impacto social.
Agregaba que en caso de perder el juicio, la Tesorería junto con la presidenta municipal y algunos secretarios más iniciarían los estudios para obtener la mejor opción de pago la cual dejó en claro que no sería en una sola exhibición sino como se acostumbra en este tipo de casos, un pago único por una cantidad determinada y abonos en mensualidades.
El tesorero municipal recordó que esta deuda fue la última que dejó Enrique Doger, quien lejos de pagar aplicó una estrategia jurídica para dejar a la administración de la presidenta Blanca Alcalá Ruiz dicha responsabilidad, dado que el ayuntamiento no contaba con recursos para realizar el pago.
Tras insistir en que la Tesorería no tiene un “guardadito” para hacer frente a este tipo de deudas, Ramírez Carranza informaba que a la comuna no le han llegado los recursos extraordinarios por parte del gobierno federal, como el impuesto de a gasolina, pero señaló que en caso de que lleguen, éstos se utilizarán para obra pública y no para el pago de una deuda.
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