Corralones clandestinos, otro negocio dogerista

Descubren cuatro lotes ubicados en Xonaca, La Resurrección, La Magdalena y atrás del mercado Independencia. La administración del exalcalde Doger los dejó “amarrados” con particulares 

 

Alejandro Camacho Fierro

Foto Eli Peña

Intolernacia

 

El exedil Enrique Doger Guerrero también hizo sus negocios con “corralones” clandestinos.

Con la llegada de 20 denuncias de abusos y corrupción perpetrados desde hace un año se pone al descubierto un nuevo escándalo.

El regidor panista del ayuntamiento de Puebla, Miguel Ángel Dessavre Álvarez, denunció que desde hace un año operan en el municipio cuatro “corralones” de manera ilegal, ya que sólo se reconoce el de Rancho Colorado, y en la práctica operan como tal lotes ubicados en Xonaca, La Resurrección, La Magdalena y atrás del mercado Independencia.

Sostuvo que son ilegales esos “corralones” ya que sólo se reconoce el de Rancho Colorado, pero como ya no caben en ese lugar, dijo, los trasladan a cualquiera de los arriba señalados en los que se dan diversas anomalías.

Mencionó que además de estas irregularidades, el dinero que se recauda por la estancia de los autos en esos lugares no se reporta a la Tesorería municipal, pues sostuvo que en cualquier papel anotan la cuota a pagar y nadie se hace responsable del manejo y administración de esos “corralones”.

En conferencia de prensa informó que han recibido al menos 20 denuncias de particulares por diversas irregularidades cometidas desde el año anterior, e incluso refirió que en una visita personal que hizo al “corralón”, que se ubica atrás del mercado Independencia, se encontró que el costo por día es de 35 pesos cuando la cuota establecida es de 11.56 pesos.

En ese lugar también se encontraron unos 300 autos encerrados, y nadie, aseguró, le pudo informar del nombre del propietario, además confirmó que carecen de algún comprobante de pago ya que en “cualquier papel” anotan la cuota a pagar.

Una de las hipótesis que puso en la mesa el regidor panista es que estos predios pueden ser propiedad de las grúas que se utilizan en los traslados de vehículos que no pertenecen al ayuntamiento. Actualmente las empresas que proporcionan ese servicio de grúa son Doama, Victoria y Ocaña y La Unión.

 

Precisó que lo grave es que estos “corralones” particulares operan con total ilegalidad de acuerdo con el código reglamentario, que en su artículo 259 fracción XII señala: “es atribución de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal, a través de la Dirección de Seguridad Vial, sancionar a los conductores propietarios de vehículos, peatones y retirar de la circulación, inmovilizar o asegurar unidades en su caso, cuando contravengan las disposiciones del capítulo 10 del mismo código”. Estableciendo así que quien resguarda los automóviles es el mismo ayuntamiento y no un particular.

También en el artículo 172 de la ley orgánica municipal, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que los ayuntamientos podrán concesionar la prestación de las funciones y servicios públicos a su cargo, excepto el de Seguridad Pública y Transito o Vialidad. Por lo que sería ilegal que hubiese algún tipo de contrato, convenio o concesión con algún particular.

En resumen, no hay especio legal para que los “corralones” resguarden autos resguardados por Vialidad municipal y que además cobren hasta el triple de los que establece la ley.

En ese contexto aseguró que se viola la ley de ingresos, por lo que anunció que en la próxima sesión de Cabildo solicitarán al contralor municipal Mauro Uzcanga Villalobos que inicie una investigación en la Dirección de Tránsito para que se clarifique la administración de esos “corralones”.

Asimismo pidió que la investigación sirva para deslindar responsabilidades y que el secretario de Administración y el director de Bienes Patrimoniales de la Secretaría General participen para que conozcan y definan las reglas de operación, así como las cuotas a cobrar.

Dessavre Álvarez hizo un llamado a los ciudadanos que sean víctimas de las anomalías para que se acerquen a la fracción del PAN y presenten la denuncia correspondiente.

 

Confirman negocorralón dogerista

La administración municipal anterior contrató cuatro “corralones” particulares que cobran de 35 pesos diarios por renta de piso a los vehículos que son remolcados a sus instalaciones, mientras que el “corralón” central cobra 11 pesos, confirmó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Humberto Hidalgo Vigueras, al tiempo de asegurar que continúan buscando otras opciones.

Entrevistado sobre el tema, el titular de la Seguridad Pública y Tránsito capitalino, Humberto Hidalgo, indicó que estos contratos con propietarios de “corralones” particulares fueron celebrados o “amarrados” en la anterior administración.

Agregó que será responsabilidad de la Sindicatura, en la parte legal, y de la Tesorería firmar nuevos acuerdos, nuevos convenios de manera tal que el ciudadano no se vea perjudicado de manera alguna. La idea es estabilizar la tarifa de cobro en los cuatro “corralones”.

Consideró que mientras en el “corralón” central se cobran 11 pesos por día de uso del piso, los otros tres “corralones” tienen tarifas de 33 a 35 pesos. “Es precisamente desde hace mucho, desde que entramos, que no tenemos nada que ver con el cobro de infracciones, multas y el ‘corralón’, todo lo maneja Tesorería, aseveró el secretario de Seguridad Pública, Alberto Hidalgo Vigueras.

Como ejemplo, comentó que los dineros que maneja ahora el ayuntamiento se dejaron “amarrados” desde el año anterior, por ello con la finalidad de no confundir las acciones buscarán un mecanismo de la forma más legal y transparente para buscar firmar nuevos convenios con nuevos “corralones” que no eleven tanto sus precios.

Hidalgo Vigueras dijo no recordar qué capacidad tiene el “corralón” central que se ubica en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Tránsito municipal, en la colonia Rancho Colorado, sobre la avenida San Felipe Hueyotlipan, pero justificó que la saturación de éste se debe a que existen carros con una antigüedad de más de ocho años en el “corralón”, los cuales después de ser infraccionados o tener un accidente jamás fueron recuperados por sus propietarios. Ahora se busca la parte legal para que el municipio pueda disponer de ellos, ya sea como chatarra y poder recuperar espacios.