Por Mónica Camacho
El ayuntamiento de Puebla desatendió la instrucción que dio el Cabildo de emprender una indagatoria en contra de la administración de Enrique Doger Guerrero, debido a que Contraloría municipal considera que esta investigación no serviría para esclarecer las más de 60 observaciones que existen en contra de los integrantes del trienio anterior.
En tanto, el ex coordinador de Procuración de Fondos de Cáritas México, Enrique Guillén Solís, consideró que los representantes de esta beneficencia en Puebla poco pueden hacer para defenderse de las acusaciones que lanzaron en su contra las ex autoridades municipales, quienes se deslindaron de la irregularidades detectadas en la entrega de 163 automotores, equipos de cómputo y comunicación, así como mobiliario de oficina. Tamaño de texto
En tanto, el ex coordinador de Procuración de Fondos de Cáritas México, Enrique Guillén Solís, consideró que los representantes de esta beneficencia en Puebla poco pueden hacer para defenderse de las acusaciones que lanzaron en su contra las ex autoridades municipales, quienes se deslindaron de la irregularidades detectadas en la entrega de 163 automotores, equipos de cómputo y comunicación, así como mobiliario de oficina. Tamaño de texto
En entrevista con e-consulta, el representante nacional sostuvo que los dirigentes de Cáritas Puebla debieron firmar documentación en la que se comprobara que la decisión de comercializar los bienes a un precio menor a su valor real provino del ayuntamiento y no de la fundación.
Contrario a eso, los únicos escritos oficiales que se relacionan con la donación señalan que la beneficencia decidió elegir como compradora a Prestadora de Servicios Independientes o Generales. Sin embargo, uno de estos documentos –utilizado por Enrique Doger para desmarcarse de las anomalías– es un recibo de pago firmado por Cáritas, el cual está fechado el 29 de enero de 2007, nueve meses antes de que se aprobara la dádiva.
No obstante, esta nueva inconsistencia no será considerada por Contraloría, porque su titular decidió que la indagatoria en contra de la gestión pasada es improcedente.
El jueves de la semana pasada, los integrantes del Cabildo capitalino turnaron a Contraloría municipal y al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) las irregularidades que se detectaron en la gestión dogerista durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
En esa sesión, los regidores enfatizaron que la administración de Blanca Alcalá Ruiz no solaparía esas inconsistencias, por lo que ordenaron al contralor, Mauro Uscanga Villalobos, llamar a comparecer a los ex funcionarios implicados.
Una semana después, las autoridades del ayuntamiento de Puebla aseguran que esta investigación no es necesaria, porque no aportaría nada nuevo a la indagatoria que realiza el OFS en el análisis de la cuenta pública 2007, la última de la administración dogerista.
De paso, argumentan que esta decisión no infringe un mandato de Cabildo, porque el acuerdo aprobado por unanimidad determina que Contraloría municipal emprendería una investigación en caso de juzgarlo necesario.
Interrogado sobre el tema, el ex coordinador de Procuración de Fondos de Cáritas México y actual coordinador del Programa de Emergencias, Enrique Guillén, se mostró prudente.
Tras negarse a fijar una postura sobre el tema, Enrique Guillén resaltó que todos los representantes de esa fundación están obligados a verificar que los donativos procuren un bien y no afecten la imagen de la beneficencia.
“Siempre que procede una donación debe haber una carta de parte del donador en la que especifiquen todas las acciones que se realizarán para utilizar el donativo y entregarlo, es un amparo para la misma organización de lo contrario no se puede hacer nada”, concluyó.
Contrario a eso, los únicos escritos oficiales que se relacionan con la donación señalan que la beneficencia decidió elegir como compradora a Prestadora de Servicios Independientes o Generales. Sin embargo, uno de estos documentos –utilizado por Enrique Doger para desmarcarse de las anomalías– es un recibo de pago firmado por Cáritas, el cual está fechado el 29 de enero de 2007, nueve meses antes de que se aprobara la dádiva.
No obstante, esta nueva inconsistencia no será considerada por Contraloría, porque su titular decidió que la indagatoria en contra de la gestión pasada es improcedente.
El jueves de la semana pasada, los integrantes del Cabildo capitalino turnaron a Contraloría municipal y al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) las irregularidades que se detectaron en la gestión dogerista durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
En esa sesión, los regidores enfatizaron que la administración de Blanca Alcalá Ruiz no solaparía esas inconsistencias, por lo que ordenaron al contralor, Mauro Uscanga Villalobos, llamar a comparecer a los ex funcionarios implicados.
Una semana después, las autoridades del ayuntamiento de Puebla aseguran que esta investigación no es necesaria, porque no aportaría nada nuevo a la indagatoria que realiza el OFS en el análisis de la cuenta pública 2007, la última de la administración dogerista.
De paso, argumentan que esta decisión no infringe un mandato de Cabildo, porque el acuerdo aprobado por unanimidad determina que Contraloría municipal emprendería una investigación en caso de juzgarlo necesario.
Interrogado sobre el tema, el ex coordinador de Procuración de Fondos de Cáritas México y actual coordinador del Programa de Emergencias, Enrique Guillén, se mostró prudente.
Tras negarse a fijar una postura sobre el tema, Enrique Guillén resaltó que todos los representantes de esa fundación están obligados a verificar que los donativos procuren un bien y no afecten la imagen de la beneficencia.
“Siempre que procede una donación debe haber una carta de parte del donador en la que especifiquen todas las acciones que se realizarán para utilizar el donativo y entregarlo, es un amparo para la misma organización de lo contrario no se puede hacer nada”, concluyó.
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